El movimiento feminista
lleva años reivindicando los Derechos de las Mujeres, su reconocimiento
y legislación, su defensa y aplicación efectiva. Una expresión de esta denuncia
y reivindicación fue el “Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres,
Viena +20, Euskalherria 2013”, celebrado el 7 y 8 de junio en Bilbao. En él se
presentaron diversos casos de distintas partes del mundo, enmarcados en tres
ejes: derecho a una vida libre de violencia, derecho a un nivel de vida digno
para las mujeres y derecho al aborto. Este artículo recoge varios de los
análisis y propuestas que allí se expresaron.
Estamos en un momento que con la excusa de crisis el poder
político, económico y religioso aúna sus fuerzas para imponer una regresión en
los Derechos de las Mujeres, como es el derecho al aborto. Ahora mismo,
mientras se celebra el 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto legal,
seguro y gratuito, volvemos a vivir la amenaza del PP, con una nueva ley de
aborto dentro del Código Penal. Proponen volver a un sistema que sólo admite la
interrupción voluntaria del embarazo en algunos supuestos, cuestionando el
derecho al aborto como derecho y volviendo a ser un delito con excepciones.
Además la ley será más restrictiva que la de 1985.
Una vez más se quiere controlar el cuerpo de las mujeres. Estamos
abocadas a la maternidad a pesar que no sea nuestro deseo, nuestro cuerpo pasa a
ser un mero instrumento de gestación dejando de ser un ser con derechos, éstos
se interpretan de tal forma que, en este pensamiento conservador impera el
derecho de un feto frente al de la mujer.
El gobierno desconoce o ignora los distintos Acuerdos, Tratados
y Convenciones internacionales que ha firmado y que debe garantizar todos los
derechos de las mujeres; en vez de promover medidas que los cumplan realizan
leyes que los violan. Se nos elimina el derecho a decidir si queremos desarrollar nuestra capacidad
reproductiva y tomar las medidas necesarias para llevar a término o no un
embarazo; esto es, no tenemos autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos,
sobre nuestras vidas. No tenemos derecho a decidir, se subordina nuestra
decisión a la valoración de la medicina y la judicatura, dado que se interpreta
que no tenemos capacidad para ello, tutelando las decisiones de las mujeres.
Como expuso Marta Dolado quien
ejerció como fiscal en el marco del Tribunal internacional de Derechos de las mujeres
celebrado en junio en Bilbao, “la restricción del derecho al aborto es una violación de los derechos humanos. (...). Cuando un embarazo no es deseado y
la ley requiere que la mujer lo continúe, esta situación puede constituir una
intrusión gubernamental en el cuerpo de la mujer (…). El Comité de Derechos
Humanos de la ONU ha indicado que las restricciones al acceso al aborto legal y
seguro pueden llevar a situaciones que constituyen un trato cruel, inhumano o
degradante”.
Así ocurre en algunos Estados, como en El Salvador y
Nicaragua entre muchos otros, donde los gobiernos no dejan que las mujeres
aborten en ninguna circunstancia, agravándose la situación al máximo,
vulnerando el derecho a la vida. Relegan la vida de una mujer entendiendo que
es un mero instrumento para el feto.
La legislación sobre el aborto es muy diversa según el país
y el gobierno que esté al frente, no obstante, en muchísimos Estados, si no la
mayoría, continúa estando castigado en el Código Penal. Mientras el aborto esté
en el Código Penal, el derecho a decidir será negado y subordinado a la
judicatura, mientras abortar sea delito habrá una inseguridad jurídica para las
mujeres y profesionales que lo realizan; sólo la despenalización y un aborto
libre y gratuito respalda la libre decisión de las mujeres.
Cuando hablamos del derecho al aborto hablamos también del
derecho a la autonomía. Justa Montero explicaba en el Tribunal que este derecho
será efectivo cuando podamos practicar las decisiones tomadas y teniendo medios
y servicios suficientes para poner en práctica nuestra decisión. Para ello,
además de tener leyes que no restrinjan la libre decisión, el Estado debe garantizar
medios suficientes para que podamos interrumpir un embarazo en la red sanitaria
pública, así como elegir el método para hacerlo y castigar a quienes lo
obstaculicen. De lo contrario se estará discriminando a las mujeres.
Asimismo, cada mujer podrá tomar la decisión individual que
considere según su moral, credo o circunstancia pero no debemos admitir que la
religión intervenga en la legislación de un Estado laico y aconfesional; se
deben promulgar políticas públicas que además de respetar las creencias religiosas
del ámbito privado, garanticen los derechos de las mujeres mediante políticas
públicas. Hay que hacer frente a este pensamiento que considera que las mujeres
el derecho que tenemos es el de ser madres y no a decidir, y lo principal a
proteger es un embrión y no a la mujer.
Los grupos anti-elección que se enorgullecen de hacer esa
defensa a ultranza sobre la vida, no cuestionan que ésta la tenemos que
“sobrevivir” como podamos, porque día a día, hay más recortes sociales,
laborales y económicos avalados por el mismo poder que relegan toda la carga de
la reproducción social en las familias, que en definitiva recaen en las
mujeres. Hay que analizar esta reforma de Gallardón en un contexto más amplio
donde no sólo se está recortando el derecho al aborto sino que están imponiendo
una serie de medidas que están suponiendo un retroceso en los avances de los
derechos de las mujeres, abocando a las mujeres a las posiciones de ama de casa
y cuidadora a tiempo completo.
Es más, cuestionamos que realmente lo que se quiere
proteger sean vidas ya que las políticas restrictivas sobre aborto lo que
muchas veces conlleva son muertes maternas por abortos en clandestinidad de
aquellas mujeres sin recursos.
A día de hoy el aborto está criminalizado y estigmatizado,
tanto legal como socialmente. Hay que diferenciar entre un debate político y
uno moral. La política no puede basarse en la moral de quien legisle sino en la
justicia para todas las personas, incluidas las mujeres. Si bien es un tema que
desde el feminismo se lleva reivindicando muchos años, sigue siendo un tema
tabú y hay que lograr que se genere una conciencia colectiva de la sociedad
sobre esta vulneración del derecho. Tendremos que sumar todas las fuerzas de
los colectivos sociales para hacer frente a esta injustica.
El 28 de septiembre debemos exigir nuestro derecho a
decidir, la despenalización del aborto y que éste sea gratuito, en definitiva,
que se cumplan los Derechos Humanos de las Mujeres. Llamamos a salir a las
calles para movilizarnos y participar en los actos de protesta que se
realizarán en contra de la reforma que propondrá Gallardón.
GURE GORPUTZA, GURE ERABAKIA
Joana Etxano Gandariasbeitia
Mugarik Gabe