Publicado en la Revista Pueblos
http://www.revistapueblos.org/
Durante el pasado 7 y 8
de junio se desarrolló en Bilbao el Tribunal de Derechos de las Mujeres
Viena +20. Euskalherria 2013, impulsado por Mugarik Gabe junto a 20
organizaciones feministas, sociales y ONGD[1]. Este Tribunal se suma a
una larga tradición de tribunales desarrollados en diferentes lugares,
sobre todo América Latina, con el objetivo de reivindicar los derechos
de las mujeres y denunciar vulneraciones a los mismos.
Referencia
principal para este Tribunal es el desarrollado en Viena en el marco de
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. A través de las
voces y testimonios de 33 mujeres se reconoció la invisibilización
histórica de las mujeres, y se reafirmó que son seres humanos y, por
tanto, merecedoras de todos los derechos ya otorgados al “hombre”.
Gracias a estos testimonios, el significado de los derechos humanos en
la vida de las mujeres adquirió una realidad y ayudó a entender este
concepto a millones de mujeres y hombres en todo el mundo. La
organización del Tribunal enseñó a muchas mujeres nuevas formas de
pensar sobre el uso de los mecanismos de las Naciones Unidas para
establecer responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos
de las mujeres.
20 años después muchas de las demandas y reivindicaciones siguen
vigentes para la defensa de los derechos de las mujeres, es por ello que
planteamos la realización de un Tribunal de Derechos de las Mujeres.
Los tribunales simbólicos
Los tribunales simbólicos son una estrategia de las organizaciones de
la sociedad civil para contrarrestar los efectos de la invisibilidad
que caracteriza a algunas violaciones de derechos humanos, así como para
evidenciar la impunidad que rodea a las mismas. Con este interés
comenzamos a reunirnos todas las organizaciones, viendo la necesidad de
visibilizar las desigualdades y específicamente las violencias
machistas, como vulneración de derechos humanos de las mujeres tanto en
Euskalherria, como en el Estado español yen América Latina.
A ese objetivo inicial también se sumó la necesidad de denunciar el
sistema político y judicial en la definición y aplicación androcéntrica
de las leyes. Con esta iniciativa hemos pretendido contribuir al
empoderamiento colectivo de las mujeres a través de la acción política,
así como a la dignificación de las mujeres y el movimiento feminista.
El Tribunal en Euskalherria: Testimonios y resolución
El Tribunal estuvo compuesto por varias figuras: jurado internaciona
l[2], observación internacional [3], invitadas de honor [4], fiscales,
expertas [5] y mujeres dando su testimonio. A pesar que se denunciaba la
vulneración de derechos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida
cotidiana, reivindicamos tres derechos en concreto: el derecho al
aborto, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a un nivel
de vida digno para las mujeres.
Como recoge el jurado internacional en su resolución final con la que
finalizó el Tribunal, “los casos en este Tribunal se encuadran dentro
de un sistema capitalista, militarista y patriarcal, entendido en sus
aspectos económico-financieros, políticos, coloniales, sociales
ideológicos, culturas y medioambientales. Se trata de un sistema que
sostiene y reproduce la violencia contra las mujeres de una manera
específica y estructural, de tal manera que hacen equivalentes género y
violencia”. En este contexto internacional “se da una vulneración de los
derechos humanos que afecta de manera específica y radical a las
mujeres que, en muchas ocasiones, enfrentan la criminalización por sus
luchas en defensa de esos derechos así como una impunidad sistemática”.
Este Tribunal no podía haber sido posible sin la valentía de las
mujeres testimoniantes y las organizaciones que documentaron los casos
en un proceso de acompañamiento de meses anteriores.
A lo largo del día y medio que duró el Tribunal fuimos escuchando los
testimonios. Todos ellos nos emocionaron por las historias contadas y
por el coraje de las mujeres para compartirlos, y también nos
indignaron: indignación por los hechos ocurridos y la impunidad que
rodea a los mismos donde son responsables directos instituciones y
Estados.
El jurado también mencionó “que este Tribunal ha constatado
conculcaciones referidas a derechos sexuales, reproductivos, civiles,
económicos, sociales, laborales, culturales y, en definitiva, al derecho
a una vida libre y sin violencia”.
Los ocho testimonios fueron de mujeres de El Salvador, Colombia,
Guatemala, Euskalherria y Cataluña. Durante el Tribunal todas y todos
los presentes nos solidarizamos con sus demandas de reparación y
justicia. Estos casos responden también a la realidad de miles de
mujeres en cualquier parte del mundo. Extendemos la solidaridad a todas
ellas.
Escuchamos el testimonio de María García de Iruña que tuvo que
desplazarse de su lugar de origen para interrumpir voluntariamente su
embarazo ya que no es posible realizarlo en su propia comunidad
autónoma, además de cubrir ella misma el coste por no poder realizarlo
en la sanidad pública.
Por este caso el jurado condenó al Estado español “por no ofrecer una
educación que promueva el derecho a decidir sobre el propio cuerpo (…),
por hacer del aborto un delito y no garantizar su atención en la
sanidad pública”.
Después, a través de un vídeo conocimos el testimonio de María Teresa
Rivera, vídeo que fue grabado en la cárcel a donde la enviaron tras
pasar por el hospital, después de expulsar un feto muerto. Fue condenada
a 40 años de cárcel, desoyendo los informes médicos que señalan que el
feto sufría una complicación propia de los no natos y que nació muerto.
El jurado condenó al Estado salvadoreño “por prohibir y penalizar el
aborto en todos los casos, en contra de las recomendaciones y
observaciones de organismos de Naciones Unidas y el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos; por poner en riesgo la vida y la
salud de las mujeres; por no tener un sistema público que garantice la
salud sexual y reproductiva de la población; y por ejercitar violencia
de Estado contra las mujeres mediante la criminalización del aborto y la
condena sin garantías constitucionales violando el derecho a la
presunción de inocencia.”
Al día siguiente los testimonios se fueron sucediendo, comenzamos con
el relato leído del testimonio de Inés Arana, denunciada por la
fiscalía de Gipuzkoa por las lesiones causadas a su agresor, que en
aquel momento era su pareja, al defenderse de su ataque.
De nuevo el Estado español fue condenado por el jurado por “incumplir
la obligación de garantizar el derecho de las víctimas de violencia
machista a la verdad, al reconocimiento de los abusos, como paso
necesario para la obtención de justicia y reparación. Por incumplir su
deber de eliminar todos los obstáculos en el camino hacia la obtención
de justicia, reproduciendo formas de violencia añadida para las mujeres
que denuncian los abusos, al promover condenas a mujeres que se
defienden de las agresiones”.
Tras ella vimos en vídeo a María, desde Medellín que nos relató cómo
se vio obligada a desplazarse víctima de persecución y violencia sexual
por parte del Bloque Nutibara, grupo paramilitar que operaba en la zona
donde ella vivía.
El jurado condena al Estado colombiano “por no garantizar el derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a las
sobrevivientes de violencia sexual a la verdad, la justicia y la
reparación, más allá de la retórica normativa y política, para prevenir
la violencia sexual contra las mujeres en el contexto de conflicto
armado. (…) Y por promover y tolerar la existencia de grupos
paramilitares que ejercen control y violencia específica contra las
mujeres.”
Tras su declaración el tercer caso de la mañana fue el de Oihana, fue
leído por la organización acompañante y relataba cómo había sufrido
tortura sexista durante el periodo de incomunicación en una comisaría en
Madrid, hecho que denunció en varias ocasiones y que diferentes
instituciones ignoraron.
Por este caso el jurado condena nuevamente al Estado español por
“incumplir la obligación de prevenir, investigar y sancionar toda forma
de tortura o maltrato policial y, en especial, la recomendación de 2008
del Relator de Naciones Unidas sobre el tratamiento específico de la
tortura (física, psicológica y sexual) con componente machista,
perpetrada por agentes estatales. Por incumplir recomendaciones de los
organismos internacionales y europeos de prevención de la tortura y
mantener espacios y tiempos “opacos” de detención”.
Por la tarde comenzamos con el eje de derecho a un nivel de vida
digno para las mujeres, escuchamos a una trabajadora del sector de
comercio a la que no respetaban su petición de reducción de jornada en
el horario solicitado y todas las afectaciones que esto tenía para ella y
su entorno.
Nuevamente, la resolución del jurado condena al Estado español por
“no contemplar legislativamente la posibilidad de conciliar la vida
laboral, personal y familiar, en condiciones de vida digna (…); por
permitir mediante la regulación legal y la estructura judicial y
administrativa, que las empresas y las y los empleadores pongan por
delante sus beneficios económicos y empresariales de obtención de
beneficios frente a los derechos de las mujeres, y las tareas genéricas
de sostenibilidad de la vida”.
Posteriormente, escuchamos la voz de Hermelinda, de Guatemala, quien
comenzó su relato recuperando la importancia del agua y de la lluvia
para su pueblo, mientras por las ventanas escuchábamos la tormenta que
caía en esos momentos en Bilbao. Hermelinda pertenece a una comunidad
afectada por la instalación de una empresa de capital gallego. Las
mujeres de la comunidad, y ella concretamente, han sido perseguidas,
tanto por miembros de la seguridad de la empresa como por el ejército de
su país, por defender las tierras, el agua, frente a la empresa
trasnacional.
Así el jurado condena al Estado español por “ apoyar política,
económicamente y diplomáticamente a la empresa Ecoener Hidralia-Hidro
Santa Cruz que viola derechos humanos en el municipio de Barillas,
Huehuetenango, Guatemala. Al Estado guatemalteco por consentir y
favorecer la instalación de dicha empresa. “Por no respetar la decisión
de la comunidad que se pronunció contra la explotación de los bienes
naturales en su territorio, cuando atentan contra la vida digna violando
el convenio 169 de la OIT. Por no proteger las condiciones de vida de
las mujeres frente a las agresiones de la empresa (…). Por prestar
colaboración policial, militar y judicial a la empresa para que lleve a
cabo sus fines, lo que ha supuesto agresiones y amenazas a las mujeres
(…). Por propiciar la criminalización de las mujeres que se organizan y
luchan en defensa de su territorio (…). Y a la empresa “por ocupación de
territorio, por depredación de los recursos naturales que abastecen a
la comunidad, por acosar , perseguir y agredir a las mujeres de la
zona”.
Y finalizamos los casos con el de Alejandra, trabajadora doméstica
que relató unas condiciones de jornadas interminables, sin días festivos
ni descanso, en definitiva, sin derechos laborales y ningún lugar al
que ir a reclamar.
El jurado condena una vez más al Estado español “por regular de forma
indebida, parcial y discriminatoria la relación laboral de las
trabajadoras del hogar (…). Por aplicar una legislación de extranjería
que categoriza a las mujeres inmigrantes como inferiores, situándolas en
el eslabón más frágil de la cadena transnacional de cuidados.
La importancia de la justicia simbólica
Estos tribunales son un acto político de justicia simbólica. No
reemplazan a la justicia, pero demuestran que otra forma de hacer
justicia es posible y así se vio en la intervención del jurado, que,
junto a lo ya mencionado en cada caso, denunció: “Ante la opinión
pública y la comunidad internacional, el incumplimiento del derecho
internacional y el propio derecho en materia de derechos humanos; la
persistencia de obstáculos para el acceso a la justicia; las conductas y
prácticas políticas, económicas, productivas, financieras, judiciales,
sociales y sanitarias, fomentadas y desarrolladas por los Estados y las
instituciones multilaterales, contrarias a la justicia. Condena la
complicidad entre el poder político y el judicial y la jerarquía de la
iglesia católica por impedir la promulgación y el ejercicio de los
derechos de las mujeres”. E insta a los Estados y organismos
internacionales: “a garantizar los derechos humanos de las mujeres,
entendidos como universales, indivisibles e interdependientes, y cumplir
las normas que regulan los mismos, de modo imperativo coercitivo y
ejecutivo, yendo más allá de las declaraciones de intenciones y a través
de políticas y medidas debidamente financiadas, evaluadas y en las que
participen las organizaciones de mujeres y las propias afectadas”.
El jurado insta, además, “a fortalecer los sistemas internacionales y
regionales de protección de los derechos humanos y garantizar el debido
proceso. A priorizar el respeto y reconocimiento de los derechos
humanos frente a las normas de comercio e inversiones (…). Y que los
Estados asuman la responsabilidad frente a esto abusos y violaciones, y
pongan en marcha los mecanismos necesarios para la prevención, la
investigación y el castigo de la violencia, así como el derecho de las
víctimas y sobrevivientes a la reparación”.
Tras la lectura de esta resolución, la firma por parte de las
observadoras internacionales de la misma así como por las invitadas de
honor, el público presente, en una mayoría mujeres, se puso en pie, alzó
sus brazos y comenzó a cantar
Zutik Emakumeak! Un emotivo
final para lo que fueron días emocionantes en la búsqueda de justicia
para las mujeres y la reivindicación de sus derechos humanos.
El camino que comenzamos con este Tribunal se dibuja largo para la
búsqueda de justicia y reparación de los casos presentados así como, en
general, para una aplicación efectiva de los derechos de las mujeres.
¡Seguiremos trabajando en ello!
Zutik Emakumeak!
Lidia Ruiz Gómez es integrante del Equipo de Educación de la organización
Mugarik Gabe.
Artículo publicado en el
número 57 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2013.
NOTAS:
- Feministalde, Hegoa, Bilgune Feminista, Mujeres del Mundo, Medicus
Mundi Gipuzkoa, Amnistía Internacional, Paz con Dignidad-OMAL,
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, ESK, ELA, STE-EILAS, LAB,
CCOO, SETEM Hego Haizea, Pikara Magazine, Mugarik Gabe Nafarroa, Emakume
Internazionalistak, CEAR Euskadi.
- Jurado internacional compuesto por Juana Balmaseda, Line Bareiro,
Mari Luz Esteban, Juan Hernández, Teresa Meana, Luz Méndez y Cecilia
Olea.
- En la observación internacional estaban varias instituciones:
Izaskun Landaila Emakunde, Maribel Vaquero, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Parlamento Vasco, Julia Hernández, Ararteko,
Begoña Yebra, EITB, Paloma Soria, de Women`s Link Worldwide, y Mayra
Pineada, de Xotchil Acatl.
- Las invitadas de honor son organizaciones/personas con largo
recorrido en la denuncia de la violencias machistas y el trabajo para su
erradicación.
- Derecho al aborto: experta Justa Montero, ejerció de fiscal Marta
Dolado. Por el derecho a una vida libre de violencia: experta Rita
Segato, ejerció de fiscal María Naredo. Por el derecho a un nivel de
vida digno para las mujeres: experta Mertxe Larrañaga, ejerció de fiscal
Begoña Zabala.
- Para conocer la resolución íntegra del Tribunal: www.mugarikgabe.org