Inés ante una de tantas
agresiones de su pareja decidió defenderse, no sólo defenderse sino también
denunciar.
María opuso resistencia al grupo
paramilitar que operaba en su comuna en Medellín, estableció estrategias para
que sus hijos huyeran, se negó a pagar mensualmente a ese grupo y tras varias agresiones sexuales escapó del lugar. Pasado el tiempo y superado
muchos miedos denunció.
Oihana sufrió torturas sexistas durante el
periodo de incomunicación, lo denunció ante el médico y el juez.
¿Qué respuesta recibieron de las
instituciones?
Inés fue denunciada por la
Fiscalía de Gipuzkoa por las lesiones que ocasionó a su expareja al defenderse.
María no fue reconocida e
incluida en el Sistema de Información de Población Desplazada, se le negó la
posibilidad de acceder a la justicia y reparación.
Oihana no fue escuchada ni
tramitadas sus denuncias de torturas sexistas y el procedimiento siguió, tras
varios meses recurrió a instancias europeas de Derechos Humanos.
Escuchamos los testimonios de
estas tres mujeres durante el Tribunal Internacional de Derechos de las
Mujeres, Viena +20 Euskalherria 2013. Las tres enfrentaron violencias machistas
en diversas expresiones y como señaló el Jurado del Tribunal en su resolución
final “en este contexto internacional se
da una vulneración de los derechos humanos que afecta de manera específica y
radical a las mujeres que, en muchas ocasiones, enfrentan la criminalización
por sus luchas en defensa de esos derechos, así como una impunidad sistemática”.
Inés, María y Oihana son un
ejemplo de las miles de mujeres en el mundo que sufren violencia machista, y
deciden enfrentarla, vemos que aun habiendo avances, las instituciones en
algunos casos en vez de tomar medidas para su defensa efectiva, reparación y
establecer estrategias de no repetición, en una aplicación perversa de la ley
ignoran a estas mujeres e incluso las criminalizan.
Como señaló Rita Segato quien fue
la encargada en el Tribunal de contextualizar los tres casos en el marco de la
defensa del Derecho a una vida libre de violencias “como comprobamos en los detalles de los tres casos juzgados, la
mentalidad de los propios jueces, fiscales, y otros actores de la escena de la
justicia, sean éstos mujeres u hombres, se encuentra formateada de forma
inescapable por las lógicas y afectos que emanan de la estructura patriarcal,
que se encuentra simultáneamente fuera y dentro de los sujetos, todos,
encaminando deseos, determinando elecciones, traicionando inclusive nuestra
voluntad de cambio. En otras palabras, la estructura que formatea la mentalidad
de quienes administran la justicia en el orden estatal y de los agresores que
esos administradores deberán juzgar es la misma, y es el propio orden o patrón
patriarcal, es decir, la estructura de la matriz binaria y desigual del género“.
El sistema judicial sigue las pautas patriarcales y quienes lo aplican
también
Los Estados directamente
implicados en los tres casos mencionados son el colombiano y el español que han ratificado los principales tratados internacionales que emanan de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. Mencionamos
específicamente los instrumentos internacionales ratificados y por tanto
plenamente vinculantes:
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés), así como su Protocolo Facultativo.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y
- Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como su Protocolo Facultativo. (Este último aún no ratificado por Colombia).
Como señaló la abogada María Naredo quien
ejerció de fiscal durante el Tribunal, “la respuesta
de los Estados español y colombiano frente a la violencia machista no se adecúa
a lo establecido en los instrumentos internacionales en cuatro aspectos
generales. Al Estado español se le acusa de:
-
Abordar la
violencia de género de forma parcial, dejando vacíos fundamentales respecto a
otras manifestaciones de la misma.
-
Incumplir
el principio de “no discriminación” dejando desprotegidos a determinados grupos
de víctimas.
A
ambos Estados (español y colombiano) se les acusa de:
-No
garantizar el derecho a la reparación;
-Incumplir
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres
en lo relativo a “hacer los derechos realidad”, especialmente en lo que
respecta a la capacitación y rendición de cuentas de profesionales del sector
policial y judicial”.
El Tribunal Internacional de
Derechos de las Mujeres Viena +20, Euskalherria 2013 se realizó durante dos
días en junio en Bilbao, y se escucharon las voces de 8 testimonios y 6 expertas en Derecho al aborto, Derecho a
una vida libre de Violencias y Derecho a un nivel de vida digno para las
Mujeres. Se evidenció que a pesar de los
innegables avances en materia de derechos de las mujeres y su defensa, nos
queda un largo camino por recorrer. Como quedó recogido en la Resolución del
Jurado, el Tribunal instó a los Estados y organismos internacionales “a garantizar los derechos humanos de las
mujeres, entendidos como universales e interdependientes, y cumplir las normas
que regulan los mismos de modo imperativo, coercitivo y ejecutivo, yendo más
allá de las declaraciones de intenciones y, a través de políticas y medidas
debidamente financiadas, evaluadas y en las que participen las organizaciones
de mujeres”.
Debemos repensar y utilizar todos
los instrumentos a nuestro alcance en un intento de erradicar todas las
violencias machistas. El Tribunal visualizó la necesidad no sólo de conseguir
plasmar nuestras demandas en leyes, convenciones, etc. sino la necesidad de
seguir incidiendo en su correcta aplicación para que todos estos instrumentos
no se conviertan en papel mojado y sí en herramientas fundamentales para la
defensa de los Derechos de las Mujeres.
Lidia Ruiz Gómez
Mugarik Gabe