(compartimos la nota y el informe realizado por AI, que recoge los casos de Las 17 mujeres encarceladas en El Salvador, seguimos demandando Justicia para Las 17))
La represiva y desfasada prohibición total del aborto por parte del
gobierno está destrozando las vidas de mujeres y niñas en El Salvador,
empujándolas a abortos inseguros y clandestinos u obligándolas a llevar a
término peligrosos embarazos, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Las que ponen fin a sus embarazos se arriesgan a pasar años en la
cárcel.
El reciente informe de Amnistía Internacional titulado
Al borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador
describe cómo la restrictiva ley del país tiene como consecuencia la
muerte de cientos de mujeres y niñas que se someten a abortos
clandestinos. La criminalización de esta práctica también ha provocado
que aquéllas de quienes se sospecha que se han sometido a un aborto se
enfrenten a largas penas de cárcel.
"La terrible represión que
sufren las mujeres y las niñas en El Salvador es realmente espeluznante y
equiparable a la tortura. Se les niega su derecho fundamental de
decidir sobre su propio cuerpo, y se las castiga duramente si se atreven
a hacerlo", ha dicho Salil Shetty, secretario general de Amnistía
Internacional, en el lanzamiento del informe hoy en San Salvador.
“Lo
terrible es que la prohibición se extiende incluso a casos en que la
vida de la mujer embarazada corre peligro, lo cual significa que las
mujeres cuyo estado de salud les impide llevar a término un embarazo en
condiciones de seguridad se enfrentan a un dilema de imposible solución:
si abortan pueden ir a la cárcel, y si no lo hacen, están condenadas a
morir".
Debido a las restrictivas leyes del país, las mujeres y
las niñas declaradas culpables de abortar pueden pasar entre dos y ocho
años en la cárcel.
El informe de Amnistía Internacional documenta
cómo, en algunos casos, las mujeres que tienen abortos espontáneos son
procesadas y encarceladas durante décadas. Según las leyes sobre
homicidio, pueden ser condenadas a hasta 50 años de cárcel.
Así le ocurrió a María Teresa Rivera, que cumple 40 años de cárcel tras sufrir un aborto espontáneo.
María
Teresa Rivera, madre de un niño de 5 años, no sabía que había vuelto a
quedarse embarazada hasta que la sacaron en ambulancia de la fábrica de
prendas de vestir donde trabajaba y la ingresaron en un hospital. Su
suegra la había encontrado sangrando tendida en el suelo del aseo de la
fábrica. Un miembro del personal del hospital informó a la policía sobre
el caso. Ésta llegó y empezó a interrogar a María Teresa sin la
presencia de un abogado.
En julio de 2012 la juzgaron y
declararon culpable de homicidio agravado, a pesar de existir graves
deficiencias en las pruebas presentadas contra ella. Su hijo tendrá 45
años cuando ella salga de la cárcel.
María Teresa Rivera es una
de tantas mujeres encarceladas por motivos relacionados con el embarazo,
incluidos abortos inducidos y espontáneos. Algunas ya han pasado más de
10 años en prisión. Ella, como la mayoría de las mujeres del informe de
Amnistía Internacional, proceden de los sectores más pobres de la
sociedad.
La
prohibición del aborto incluso se extiende a niñas que han sido
violadas. La ley obliga a todas las mujeres a llevar a término el
embarazo, aunque esto pueda tener efectos devastadores sobre ellas,
tanto física como psíquicamente.
Un
médico que trató a una niña de 10 años que había sido violada contó a
Amnistía Internacional: "Fue un caso bien difícil […] porque ella no
entendía lo que le estaba pasando […] Nos pidió colores. Crayoles. Y ahí
se nos partió el alma a todos [...] [d]ijimos: ‘¡Si es una niña! Es una
niña'. Y ella al final no entendía que estaba esperando.” A esta niña
la obligaron a continuar con su embarazo.
La represiva
legislación contra el aborto en El Salvador es reveladora de una
discriminación mucho más amplia contra las mujeres y las niñas en el
país. Los estereotipos de género llegan incluso a las decisiones
judiciales, y los jueces en ocasiones cuestionan la credibilidad de las
mujeres. Las actitudes discriminatorias contra las mujeres y las niñas
significan también que el acceso a la educación sexual y los métodos
anticonceptivos es casi imposible.
“La inacción del gobierno
salvadoreño a la hora de abordar la discriminación contra las mujeres
limita gravemente las vidas de las mujeres y las niñas. Al negarse a
resolver adecuadamente las infranqueables barreras existentes para
acceder a métodos anticonceptivos y a una verdadera educación sexual,
condenan a generaciones de mujeres jóvenes a un futuro determinado por
la desigualdad, la discriminación, la limitación de sus opciones y la
restricción de sus libertades", ha dicho Salil Shetty.
“El mundo
no puede permanecer pasivo observando cómo las mujeres y las niñas de El
Salvador sufren y mueren. Amnistía Internacional pide al gobierno de El
Salvador que despenalice el aborto a todos los efectos. El gobierno
debe proporcionar a las mujeres y las niñas acceso a servicios de aborto
seguros y legales cuando el embarazo represente un riesgo para su vida o
su salud, cuando sea resultado de una violación o en casos grave
malformación del feto."
Información complementaria:
El
Salvador es uno de los siete países de América Latina donde el aborto
está totalmente prohibido por ley, junto con Chile, Haití, Honduras,
Nicaragua, República Dominicana y Surinam. Algunos de estos países, como
es el caso de Chile, ya están tomando medida para modificar sus leyes.
El
caso de Beatriz, una joven de 22 años procedente de una zona rural de
El Salvador, tuvo gran difusión el año pasado. Beatriz padecía lupus y
otros problemas graves de salud. Se quedó embarazada, pero quedó patente
que el feto era anencefálico (carecía de una gran parte del cerebro y
del cráneo), una malformación mortal que no le permitiría sobrevivir más
que unas horas o días tras el nacimiento. Se le negó la posibilidad de
abortar a pesar de que el caso llegó hasta la Corte Suprema. El 3 de
junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y la difusión del caso por la prensa internacional, el
gobierno de El Salvador autorizó finalmente que a Beatriz se le
practicara una cesárea temprana. El recién nacido murió horas después.
